La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.

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Las acusaciones de sanchez a madrid sobre la ocupación de UCIs

Los estadísticos suelen recordar el siguiente adagio:

Existen Mentiras, Grandes Mentiras y Estadísticas.

Es tan fácil manipularlas o malinterpretarlas.

Pedro Sánchez atacó la semana pasada a Madrid con unos datos que parecían apuntar a que Madrid ocultaba datos. He hecho el siguiente cálculo sobre los ingresados en UCI por millón de habitantes:

Incidencia acumuladaUCI %CamasPobalaciónIngresadosIngresados/Millón
Madrid32439%1093,00  6.779.888,00426,2763
País Vasco29523%332,00  2.220.504,0076,3634
Navarra39422%294,00     661.197,0064,6898

El País Vasco está en la mitad de Madrid, pero Navarra, otro ejemplo mencionado por el presidente está en un 50% más.

Sería fácil hacer los datos para todas las CCAA.

Los datos de número de UCIs actual provienen de:

  • https://www.abc.es/espana/madrid/abci-camas-madrid-estan-ocupadas-416-ciento-02101141416_noticia.html
  • https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/uci-pais-vasco-80-cuatro-diez-pacientes-covid/2827679/
  • https://gobiernoabierto.navarra.es/es/coronavirus/organizacion-sanitaria/organizacion-coronavirus

El porcetaje de ocupación de las UCIs depende del número que haya disponibles y de la población. También de los criterios para meter a un paciente en una UCI y de cómo vaya la inmunidad de grupo en la comunidad. Unir el porcentaje de occupación a la incidencia es suponer mucho. Es suponer que todos los demás factores son iguales.

Si miramos el número de UCIs disponibles vermos que ha variado mucho durante la pandemia y cuando las cosas se ponen feas se activan más UCIs. El número es variable. He intentado arriba reflejar las que están activas actualemnte.

Para desenmascarar a un mentiroso no tienes que contradecir su dato tanto como recordar el motivo por el que lanza la acusación. Aquí es obvio que hay un interés.

Si Sánchez cree que Madrid miente, tiene la obligación de denunciarlo ante los tribunales, y si no, se debe callar.

Es gracioso que sea el gobierno central el que dude de los datos cuando al inicio de la pandemia publicó en el BOE que para contabilizar los muertos por Coronavirus se exigía que se le hubiera hecho una prueba PCR al muerto, cuando la capacidad para hacer estas pruebas era bajísima. Otros países como UK anotaban muertes compatibles con la COVID a cualquier muerto con síntomas de COVID y esta info era útil para hacer seguimiento de la pandemia.

Este era uno de los muchos mecanismos de manipulación.

La destitución de López de los Cobos fue ilegal

El texto íntegro de la sentencia del Magistrado Celestino Salgado :

1617194191-sentencia-perez-cobos

Circunstancias:

La Guardia Civil estaba investigando la actuación de la Delegación del Gobierno durante los primeros días de la pandemia y su decisión de autorizar manifestaciones como la del 8-M y mítines políticos como el de Vox a la luz de las informaciones de las que se disponía.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista era una de las personas investigadas.

Inicialmente, Marlaska sostuvo que el cese no tenía nada que ver con la investigación del 8-M y que se debía a una simple reorganización de los equipos de su departamento.

El Confidencial publicó documentos del ministerio relativos al relevo en los que se admitía que el motivo había sido la negativa de Pérez de los Cobos a informar de los detalles de la investigación judicial. A partir de la publicación de este documento Marlaska cambió de argumento.

En los documentos oficiales, la razón que adujo Marlaska para relevarlo: “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Varios miembros del Gobierno dieron positivo tras acudir a la manifestación, así como la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Marlaska también acudió a la marcha.

Según Voz Populi “La decisión está tomada por Moncloa”, le dijo la directora de la Guardia Civil al que era su número dos, Laurentino Ceña, horas antes de comunicar al afectado su destitución como responsable de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.

Puntos principales de la sentencia:

  • “Lo que es indiscutible es que, a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”
  • “No constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal
  • “la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad”
  • “[estamos] ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo —propuesta de cese y resolución del recurso de alzada—, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales”.
  • “Es cierto que la decisión de cesar al Coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por —repetimos una vez más— no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos”
  • Es por ello, subraya, “que hemos concluido que aquella motivación es ilegal”.
  • “Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad. El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos”

Nota del CJPJ en la que se citan las partes arriba reseñadas.

Adicionalmente a la destitución

Interior vetó en Marzo de 2021 el ascenso a general del coronel Pérez de los Cobos, a pesar de haber obtenido la calificación más alta en la evaluación que elabora el Consejo Superior de la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos obtuvo la puntuación más alta en la evaluación del Consejo Superior del Instituto Armado, compuesto por todos los generales en activo. Además, el coronel también obtuvo el primer puesto en la cuesta interna que realizan los propios candidatos al ascenso. Sin embargo, Pérez de los Cobos finalmente no fue ascendido al grado de general.

Consecuencias de la destitución

El cese de Pérez de los Cobos provocó un efecto dominó en la cúpula de la Guardia Civil y a los pocos días presentó su dimisión el teniente general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo al que le quedaban unos días para pasar a la reserva. Interior apartó a otro teniente general llamado a sustituir al anterior, el jefe del Mando de Operaciones Fernando Santafé, y ascendió a dos generales de brigada para ocupar los puestos de los dos anteriores.

Pablo iglesias y su INJUSTIFICADA indemnización

Ha sido cesado, no ha dimitido, como dijo. Así aparece pubicado en el BOE. Esto quiere decir que tendremos que pagarle el sueldo de vicepresidente durante dos años!

Indultos

Enero 2021 – El Tribunal Supremo activó este proceso en diciembre al solicitar el pronunciamiento de la Fiscalía que, en menos de tres semanas, ya había remitido su opinión contraria a la medida de gracia. Pero también se va a solicitar el dictamen de la Abogacía del Estado, parte “ofendida” por el delito de malversación de caudales públicos.

Energía eléctrica

IVA de la Luz

  • España 21%
  • Alemania 19%
  • Italia 10%
  • Francia 5.5%
  • Reino Unido 5%

Asalto al Capitolio

12 de Enero – Carta del Vicepresidente Mike Pence a Nancy Pelosi, la portavoz de la cámara de representantes.

12 de Enero – La pelea no es sólo de Demócratas contra Republicanos. Hay republicanos en frontal desacuerdo con las actuaciones de Trump. En particular:

Los demócratas buscarán este miércoles acusar al mandatario del cargo de “incitación a la insurrección”, un esfuerzo que ha conseguido el respaldo de al menos cuatro legisladores republicanos: Adam Kizinger, congresista de Illinois; Liz Cheney, congresista de Wyoming; John Katko, congresista de Nueva York; y Fred Upton, congresista por Michigan.

El New York Times desveló igualmente que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se mostró satisfecho por un posible juicio político contra Trump y que cree que una posible destitución podrá ayudar a purgar su partido de seguidores del actual presidente. cita

¿Fue un intento de golpe?

Fiona Hill en Político opina que sí.

Cómo Trump lo incitó según Forbes.

Mensaje de Arnold Swarzenegger.

Tech companies are taking vastly different approaches to managing the threat of future violence following the riots at the U.S. Capitol last week.

¿Serán las criptomonedas en las redes sociales una forma de control?

On Wednesday, Airbnb announced that it is cancelling and blocking reservations within the Washington, D.C., area during the week of President-Elect Joe Biden’s inauguration. Brian Chesky, Airbnb’s CEO, tweeted the news saying the company will refund all cancellations and pay hosts in full for any lost bookings. Several of Chesky’s followers lauded Airbnb, calling the decision “proactive” and “the right move.”

Meanwhile, at Reuters’ Next virtual forum, Alphabet CEO Sundar Pichai said he backed YouTube’s decision to temporarily suspend, rather than permanently ban, President Donald Trump’s account. Tuesday night, YouTube removed one of Trump’s videos for violating its policies and suspended the account from posting any new videos for at least seven days. Trump won’t be banned unless he violates YouTube’s policies three times within a 90-day period, YouTube told me earlier this week.

“There is a three-strike process,” Pichai said on Wednesday. “We put the best-faith effort to be consistent and clear and transparent about how we [moderate content].”

But Steve Adler, Reuters’ editor-in-chief, didn’t let Pichai off easy. “You’re doing things after the fact,” he told the executive. “Is it a little like getting a smoke detector after the house was already burning?”

And that’s the challenge currently facing several tech companies: How proactively should tech companies take steps to prevent future violence?

Social media critics have long said services like TwitterFacebook, and YouTube have been too slow to react. Critics argue the services have allowed public figures like Trump to spew inflammatory comments under the guise of free speech, which ultimately resulted in real-world violence.

Following the Capitol riots, Facebook and Twitter cracked down on Trump, both banning Trump from their services “indefinitely” in hopes of preventing violence over the next couple of weeks. The decisions outraged Trump supporters, many of whom already believed social media services unfairly silenced their views—a complaint that was reprised by Republicans during Wednesday’s impeachment hearing.

And Twitter CEO Jack Dorsey seems to still be conflicted about banning Trump. “We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety,” he tweeted, defending the decision only to raise issue with it in his following comment. “I feel a ban is a failure of ours ultimately to promote healthy conversation.”

If Dorsey’s comments tell us anything about the headspace of tech CEOs right now, it’s that they’re struggling to navigate this situation. And maybe, just maybe, that’s because they shouldn’t be the sole people responsible for making these decisions to begin with.

Twitter banned 70,000 QAnon conspiracy accounts. Only one person showed up for a pro-Trump rally outside the company’s San Francisco HQ this week. Facebook and Peloton are scrubbing “#stopthesteal” content from their services. Parler is suing Amazon for booting the service off its AWS cloud infrastructure. And House Democrats are going to investigate the role social media disinformation played in the lead-up to riots. 

Expertos inexistentes y a la carta

Diciembre – el análisis de la gestión hecho por expertos elegidos por el gobierno.

Juan Carlos I y Torcuato Fernandez-miranda en la transición

Una historia interesante y bien contada de cómo Juan Carlos y Torcuato posibilitaron la transición a la democracia. Escrita Juan Fernandez Miranda en Twitter:

Corrupción en el PP

corrupción en el PSOE

Imputados

L’Hospitallet

El caso nació a raíz de una denuncia de un concejal del PSC (Jaume Graells). Hace casi cuatro décadas que Jaume Graells milita en el PSC, y en este mandato fue teniente de alcalde de Educación, Juventud y Deportes.

Lo fue hasta que puso los pies en los juzgados para presentar una denuncia contra dos compañeros ediles por el supuesto desvío de subvenciones del Consell Esportiu, una entidad privada para la promoción del deporte escolar, cuya directiva la componen seis personas designadas por el consistorio. Antes había revelado las presuntas irregularidades en una reunión con la alcaldesa, Núria Marín, que encargó una auditoría interna y decidió no apartar por ahora a los denunciados, al menos hasta tener los resultados de esos informes. Siguiendo el código ético socialista, solo se les cesaría en el caso de que un juez abra juicio oral contra ellos. Como Graells considera que «no se ha actuado con firmeza y con verdadera voluntad de esclarecer los hechos», el edil ha apostado definitivamente por la vía penal. Su decisión acabó desembocando en la detención por la Policía Nacional del segundo teniente de alcaldía y primer secretario del PSC local, Cristian Alcázar, y del concejal de Deportes, Cristóbal Plaza.

La causa acumula trece detenidos por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, incluida la presidenta del PSC, alcaldesa.

L’Hospitalet ha sido socialista desde el inicio de la democracia.

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