Enero 2021 – El Tribunal Supremo activó este proceso en diciembre al solicitar el pronunciamiento de la Fiscalía que, en menos de tres semanas, ya había remitido su opinión contraria a la medida de gracia. Pero también se va a solicitar el dictamen de la Abogacía del Estado, parte “ofendida” por el delito de malversación de caudales públicos.