Transparencia

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https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html

La gráfica más interesante es esta: Cumplimiento de las resoluciones estimatorias de la Administración del Estado

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html

gráfico de barras sobre el porcentaje de cumplimiento de los años 2015 a 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez, el más opaco desde que se cuenta con datos de Transparencia.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), máximo órgano responsable del cumplimiento sobre el deber de informar que tienen los poderes públicos, se encuentra adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero la ley le otorga carácter independiente.

El cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo público no supera las seis de cada 10. Un dato muy lejano del sometimiento a las órdenes de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy que alcanzó unas cotas del 85%. Las reclamaciones han ido incrementándose de forma paulatina. En 2015 se interpusieron 149 reclamaciones (resueltas el 87,9%), en 2016 257 (resueltas el 85,6%) y en 2017 273 (resueltas el 83,9%). En 2018, hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy en el mes de junio, se produjeron 351 reclamaciones siendo resueltas el 82,1%. Actualmente el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez se encuentra inmerso en varios problemas de transparencia relacionados, principalmente, con tres cuestiones: la llegada de inmigración ilegal a las Islas Canarias, el despido del jefe policial que alertó de la pandemia en el mes de enero y la revelación de los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que ha asesorado al Ejecutivo central durante la crisis sanitaria.

El pasado jueves 10 de diciembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no respondía a la exigencia planteada en la última Comisión de Sanidad por la diputada popular, Ana Pastor, para que diese a conocer los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia. Una petición que también ha sido formulada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

El Consejo de Transparencia ordenó el 30 de noviembre al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de 10 días hábiles, diese a conocer los integrantes del Comité de Expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 6 de mayo, sin querer revelar sus nombres. También ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir durante dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en “decisiones relevantes”.

Tras la negativa de Illa a ofrecer alguna respuesta concreta en relación a este asunto, el domingo 13 de diciembre el titular de Sanidad aseguraba que su ministerio actuará según dicten los servicios jurídicos sobre la notificación del CTBG en relación al Comité de Expertos. Sobre este ha reiterado que son “funcionarios” que tienen derecho a “proteger su intimidad”.

2020, EL AÑO MÁS OPACO

De acuerdo a la información hecha pública por el portal del CTBG (con fecha de actualización del 31 de octubre), el 2020 ha sido sin ninguna el año más opaco. Una situación marcada por el hecho de que el Estado de Alarma suspendió todos los procesos administrativos entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Los datos ofrecidos por el CTBG revelan que el actual Gobierno solo ha resuelto el 60,4% de las reclamaciones presentadas (116 de 193). Cabe señalar que debido a la situación excepcional marcada por la pandemia el número de reclamaciones presentadas ha sido muy inferior al de años anteriores con una media de 19 mensuales.

Tal y como informan en El Español, del resto de reclamaciones presentadas, en 42 de ellas el CTBG acusa al Gobierno de que “no consta cumplimiento”, nueve se encuentran en estos momentos recurridas en el Contencioso-Administrativo y solo 25 se encuentran en proceso de tramitación. En el escenario más optimista, el nivel de transparencia al que puede aspirar el Gobierno este año es del 73%.

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